Este mes se cumplen 20 años de la sanción de una ordenanza que permitió un salto de calidad en la historia del saneamiento en la ciudad. Aquel 3 de enero de 2003, tras arduas negociaciones con el poder concedente, se otorgó a la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto la concesión por 24 años de los servicios de agua potable y cloacas, en una histórica sesión legislativa en el recinto de Vía y Obras.
De este modo, como lo expresa la ordenanza 3020/03, se canceló “una deuda histórica que, desde lo político institucional, se tiene con el pueblo de Venado Tuerto”, donde fue clave el rol previo del Plan General en la gravitación del proyecto y el compromiso de toda la comunidad a través de sus instituciones.
Desde entonces, pese a los vaivenes socioeconómicos del país (y hasta una pandemia), la concesión fue cumpliendo sus metas, prefijadas en el plan de obras anuales estipuladas como anexos, tanto para el servicio cloacal -que la entidad había habilitado en 1966- como de agua potable, que obligó a reparar tramos de las redes ya construidas y avanzar con las nuevas, entre ellas en la zona centro.
El balance indica que la Cooperativa de Obras Sanitarias ha completado desde entonces 218 kilómetros de redes de agua potable y 303 kilómetros de redes cloacales, con una población servida de casi 85 mil habitantes, como lo refleja el último ejercicio cerrado en junio pasado.
La producción anual de agua potable es en la actualidad de 1,7 millón de m3, generada en una planta de tratamiento por ósmosis inversa con capacidad de 400 m3/h. Y el caudal bombeado de líquidos cloacales es de 2,9 millones de m3, con destino final hacia sus cuatro módulos de lagunas de tratamiento. Ambos servicios se complementan con un horno para tratamiento de los residuos patológicos de la ciudad.
A cuatro años del fin de la actual concesión (2003-2027), el compromiso de la Cooperativa es mantener los parámetros de calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios, fruto de una sana administración de los recursos de los asociados y sin percibir aportes de organismos estatales, solo factibles en un marco de tarifas equilibradas e inversiones sustentables.
